El Laboratorio del Estado de Derecho de la Universidad de Nueva York documenta las represalias del gobierno de Noboa contra la Corte Constitucional de Ecuador

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22 de septiembre de 2026 – El Laboratorio del Estado de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) publicó hoy un reporte que documenta cómo el gobierno del presidente Daniel Noboa ha tomado represalias contra la Corte Constitucional de Ecuador por hacer respetar los límites constitucionales al poder Ejecutivo. El reporte concluye que la intimidación a los jueces constitucionales, las investigaciones como represalia y los intentos de debilitar las facultades de la Corte amenazan la independencia del principal contrapeso institucional independiente frente al Ejecutivo en el país.

En los últimos años, varios gobiernos latinoamericanos han recurrido nuevamente a políticas represivas de “mano dura” para responder al aumento de la delincuencia. Ecuador se ha convertido en uno de los ejemplos más notorios de esta tendencia regional, siguiendo el modelo de seguridad impulsado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. 

Desde que asumió el cargo en noviembre de 2023, el presidente Noboa ha respondido a la creciente violencia criminal decretando sucesivos estados de excepción, declarando la existencia de un “conflicto armado interno”, desplegando a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y recurriendo a políticas represivas en materia de detención. 

El reporte, titulado Represalias del Poder Ejecutivo contra la Corte Constitucional del Ecuador: El Estado de derecho bajo amenaza, analiza cómo la Corte ha ejercido su mandato constitucional al controlar los intentos de Noboa y de Acción Democrática Nacional (ADN) de ampliar el poder del Ejecutivo más allá de los límites constitucionales mediante estados de excepción y leyes de «urgencia económica» sujetas a un trámite legislativo abreviado. 

El reporte documenta cómo el Ejecutivo ha tomado represalias contra la Corte mediante cinco líneas de actuación: (i) deslegitimación pública de la Corte Constitucional; (ii) intimidación y señalamiento público de jueces constitucionales; (iii) utilización de procesos penales como mecanismo de represalia contra jueces constitucionales; (iv) limitación de la competencia de la Corte y menoscabo de su independencia; y (v) restricciones administrativas al funcionamiento de la Corte. 

Por ejemplo, el 12 de agosto de 2025, el presidente Noboa encabezó personalmente una marcha contra la Corte después de que esta suspendiera provisionalmente varias disposiciones legales en materia de seguridad pública. Durante la marcha, los rostros y nombres de los jueces constitucionales fueron exhibidos en grandes vallas publicitarias acompañados de mensajes acusatorios. Asimismo, antes de la movilización, funcionarios del Gobierno calificaron a la Corte de «enemiga del pueblo» en cadena nacional. 

«Ante los excesos del presidente Noboa en el ejercicio del poder ejecutivo, la Corte Constitucional de Ecuador se ha erigido como el principal contrapeso frente al abuso de dicho poder», afirmó Amrit Singh, profesora de práctica y directora académica del Laboratorio del Estado de Derecho de la Universidad de Nueva York. «Nuestro reporte documenta la creciente campaña de represalias del Ejecutivo contra la Corte y subraya la urgencia de defenderla para proteger el Estado de derecho en Ecuador».

“El Gobierno debe cumplir plenamente las decisiones de la Corte y dejar de utilizar las instituciones públicas como mecanismos de presión o represalia contra sus jueces”, señaló Adriana García, miembro del Laboratorio del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de NYU. “Los gobiernos y organismos internacionales que cooperan con Ecuador también deben asumir su responsabilidad: dar seguimiento a estas amenazas y asegurarse de que su asistencia en materia de seguridad y gobernanza no contribuya, directa o indirectamente, a debilitar la independencia de la Corte.”

El reporte ofrece varias recomendaciones para salvaguardar la independencia judicial en Ecuador, entre ellas:

• Cumplir de manera inmediata y plena las decisiones de la Corte; 
• Garantizar que las investigaciones penales y los procedimientos de fiscalización se sustenten en indicios objetivos y creíbles de posibles irregularidades y no sean utilizados como mecanismos de represalia por decisiones judiciales; 
• Proteger la independencia institucional, financiera, operativa y de seguridad de la Corte frente a cualquier forma de presión o interferencia política; 
• Abstenerse de promover reformas que sometan a los jueces constitucionales a mecanismos de control político, restrinjan las atribuciones de la Corte o menoscaben su independencia; y 
• Adoptar políticas de seguridad de carácter estructural y de largo plazo, acordes con la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado, evitando recurrir de manera reiterada o prolongada a los estados de excepción. 

El reporte también insta a las instituciones regionales e internacionales a dar seguimiento a las amenazas contra la Corte, solicitar información al Estado ecuatoriano y utilizar, cuando corresponda, los mecanismos diplomáticos y de protección disponibles. Asimismo, exhorta a los socios internacionales y a las instituciones financieras a garantizar que su asistencia no sea utilizada para interferir en el funcionamiento de la Corte o menoscabar la independencia judicial.

Para leer el reporte completo, visite: www.law.nyu.edu/rule-law-lab/corte-constitucional-ecuador